Ley Corta de Isapres: espacio y oportunidad

Teresita Santa Cruz

Después de tres meses de trabajo, la Comisión Técnica convocada para la discusión de la “Ley Corta de Isapres” evacuó su informe. Propone una serie de medidas para cumplir con el mandato encomendado por el Senado: encontrar un camino que dé cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema en materia de Isapres, sin que ello signifique arriesgar la sostenibilidad financiera del subsistema privado de salud.

Este hito marca un precedente relevante en lo que amenazó con ser, no sólo una crisis financiera para el sector, sino que una crisis sanitaria de proporciones y, cómo no, una crisis política para el Gobierno.

“El informe de la comisión técnica se elaboró con una mirada de futuro, proponiendo modificaciones robustas al sistema de salud en su conjunto que promueven mayor eficiencia en beneficio de los afiliados”.

Los efectos de un eventual colapso del sistema privado son más que conocidos y se han reiterado hasta el hartazgo en el debate público. Por eso los acuerdos de la Comisión –que convocó a todas las fuerzas políticas, al Ejecutivo, a la academia y a la propia industria– son tan relevantes: lograron conciliar posiciones diversas en torno al objetivo común de otorgar certeza a los afiliados sobre la continuidad de sus tratamientos y coberturas, transcurrido casi un año desde la dictación de la sentencia que fue el gatillo inmediato de esta crisis.

Los contenidos del informe han desatado pasiones y juicios apresurados, especialmente en lo relativo a los montos a restituir por las aseguradoras. Sin embargo, su lectura pausada despeja estas dudas, permitiendo vislumbrar que no se persigue una condonación o “perdonazo”, como se ha buscado instalar, sino que, por el contrario, considera elementos de seguridad social como la mutualización de riesgos y el piso del 7% de cotización obligatoria en salud. La Comisión concluye que los cobros en exceso deben considerarse sistémicamente y no de forma individual, pues existe compensación de riesgos entre los beneficiarios del sistema.

Por otra parte, se reafirma lo ya dispuesto en la legislación sobre la obligatoriedad de la cotización en salud, de manera que ningún contrato quede bajo el 7% legal de cotización. Estos elementos, estudiados latamente por la Comisión, permiten arribar al cálculo expuesto en el informe, que cumple con el mandato de la Corte de restituir los cobros en exceso, pero a la vez considera elementos esenciales e inherentes a un sistema de seguros donde existen riesgos compartidos, subsidios cruzados y una cotización legal obligatoria.

Otro elemento relevante son las medidas de contención de costos propuestas que abordan desde el subsidio de incapacidad laboral (licencias médicas) hasta los gastos de administración y ventas de las aseguradoras privadas, respecto de los cuales la Comisión consideró una disminución del 10%. Esto no sólo responde a la coyuntura particular, sino que es una demostración de la mirada de futuro con que se elaboró el informe, proponiendo modificaciones robustas al sistema de salud en su conjunto que promueven mayor eficiencia en beneficio de los afiliados.

El informe de la Comisión Técnica es un valioso avance para destrabar el debate y comenzar a ver la luz al final del túnel de incertidumbre que generó esta crisis. Con todo, no podemos ser autocomplacientes. Si hay algo que la crisis ha demostrado es la necesidad de reformas profundas al sistema, deuda que se arrastra hace más de una década y respecto de la cual no se han logrado acuerdos políticos. Así, tanto el informe como la discusión legislativa representan el desafío y la oportunidad de encauzar reformas indispensables y tantas veces postergadas, teniendo como foco principal la salud de las personas.